Santiago Alamilla Bazán

Golpe de Estado en el Horizonte – Diario de Yucatán

Santiago A Alamilla Bazán.-

El concepto de estado unipersonal terminó cuando la realidad materialmente le llegó al cuello al Rey de Francia Luis XVI, desde entonces las monarquías absolutas cedieron el paso a un concepto más avanzado de organización política que ya se ensayaba América,  llevándola al extremo de no considerar siquiera necesario ponerse nombre,  basando su conformación en una federación con integrantes libres y soberanos con su propio orden jurídico. Nuestro país después de probar imperios y repúblicas centrales adopta con sus históricos traspiés la configuración federal, consignando en nuestro propio nombre la intención de emular a nuestros vecinos naciendo los Estados Unidos Mexicanos.

La división o separación de poderes es una máxima sobre la que se edifica todo el concepto republicano, de tal manera que la fuerza del estado no debe recaer nunca en un solo sujeto, por lo que se divide en tres fuerzas básicas que son los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La autonomía de éstos garantiza que la República funcione y fluya adecuadamente, ya que se convierte en la garantía de que los destinos de una nación no están sujetos a los deseos de un solo hombre, en pocas palabras evita las locuras de un emperador y asegura la existencia de un estado de derecho.

El pasado 23 de abril el poder ejecutivo, llámese el presidente de la nación, envió a la cámara de diputados una iniciativa para modificar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, donde pide al congreso que se cambie la ley para que en casos de “emergencia económica” como la que en breve vamos a vivir todos los mexicanos, la secretaría de hacienda, es decir el propio poder ejecutivo pueda reclasificar, recortar, reorientar y en general hacer lo que considere con el presupuesto autorizado por la cámara de diputados para el ejercicio vigente. Lo grave es que esta redistribución no tiene por objeto garantizar los derechos consagrados en la constitución, incluyendo la fallida estrategia de seguridad pública, sino que la finalidad es fondear los proyectos y acciones prioritarias de la administración pública federal, es decir para el caso actual hablamos del tren maya, de Dos Bocas, del aeropuerto de Santa Lucía, o de la creación del INSABI; proyectos que bajo el enfoque de la pandemia actual, sumada a la caída internacional de los precios del petróleo, según muchos especialistas internacionales debieran desestimarse o al menos ponerse en pausa para enfocar los recursos disponibles en la reconstrucción de la economía y la creación de empleo.

La intención de dejar fuera de la discusión al poder legislativo y dar facultad al ejecutivo para ignorar y hacer lo que le plazca con los recursos del estado, es en la práctica una disolución de la división del poder que violenta el orden constitucional. En pocas palabras, estamos ante un intento de golpe de estado porque una de las facultades exclusivas de la cámara de diputados sería suplida por el presidente y sus empleados, sin que en la iniciativa se establezcan los mecanismos o criterios que determinen la existencia de una emergencia, quién la decreta y bajo qué condiciones lo podría hacer, con lo que se viola el precepto del artículo 49 de la carta magna pretendiendo que se fusione en una sola persona dos  de los tres poderes de la Unión. Recordemos que cuando se rompió el pacto federal por situaciones parecidas en 1841, la península de Yucatán decretó su separación de México erigiéndose en República Independiente.

No es asunto menor esta intención del Presidente, corresponde a los legisladores actuar a la altura de la patria, o el pueblo se los demandará.

Santiago A Alamilla Bazán. Doctor en Ciencias Económicas. salamillab@yahoo.com

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